Estados Unidos está implementando nuevas regulaciones que exigen a visitantes de varios países del Pacífico el pago de una fianza que puede alcanzar los $27,000 dólares. La medida busca reducir el número de personas que permanecen en el país después de que expira su visa. Los países afectados incluyen a varias naciones insulares del Pacífico con un historial de altas tasas de “overstays”, es decir, personas que se quedan más tiempo del permitido. Funcionarios estadounidenses argumentan que esta es una respuesta necesaria para asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Sin embargo, la medida ha generado críticas por considerarse excesiva y discriminatoria, afectando potencialmente a turistas y personas que viajan por negocios. Se teme que las altas sumas de dinero puedan disuadir a los visitantes y perjudicar las relaciones diplomáticas. El gobierno de EE. UU. justifica la política como una forma de responsabilizar a los visitantes y garantizar su retorno a sus países de origen.