La administración Trump permitió que expiraran regulaciones clave sobre silenciadores y armas de cañón corto en Estados Unidos, generando confusión entre los compradores y renovando el debate sobre el control de armas. Un fallo judicial previo había impulsado la revisión de estas normas. La decisión de no intervenir por parte del gobierno federal implica la eliminación de ciertas restricciones a la venta y posesión de estos dispositivos. Esta medida ha suscitado preocupación entre grupos defensores del control de armas, quienes temen un aumento en la violencia. Los compradores ahora enfrentan incertidumbre legal sobre la validez de las regulaciones estatales que podrían entrar en conflicto con la nueva situación federal. La industria de armas anticipa un posible aumento en las ventas, mientras que los críticos advierten sobre las posibles consecuencias para la seguridad pública. Este cambio normativo ha provocado un "caos" en la interpretación y aplicación de las leyes de armas en el país.