La administración Trump intensificó la práctica de deportar a migrantes a países que no son sus de origen, una política que genera controversia y preocupación. Este enfoque, basado en acuerdos con naciones terceras, permite a EE.UU. trasladar la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo. Los migrantes, a menudo centroamericanos, son enviados a países como Guatemala y Honduras, donde buscan asilo, aunque estos países carecen de la capacidad para atender adecuadamente a los solicitantes. Esta política busca reducir el número de personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos y externalizar las responsabilidades migratorias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian las condiciones inseguras y la falta de debido proceso en estos países. La efectividad y legalidad de estos acuerdos continúan siendo cuestionadas.