Estados Unidos ha sido acusado de aplicar un doble rasero en relación con la Corte Penal Internacional (CPI). Según denuncias recientes, Washington parece reconocer la legitimidad de la CPI cuando se trata de actuar contra sus adversarios. Sin embargo, se muestra reacio a aceptar su jurisdicción cuando involucra a sus aliados. Esta postura plantea interrogantes sobre el compromiso de EE.UU. con el derecho internacional y la igualdad ante la ley. La situación genera preocupación en la comunidad internacional, especialmente entre aquellos que abogan por la rendición de cuentas por crímenes de guerra y lesa humanidad. Analistas sugieren que esta actitud responde a una estrategia geopolítica para proteger a sus aliados de posibles investigaciones. Esta política podría socavar la efectividad y credibilidad de la CPI a nivel global.