Un juez federal de Estados Unidos ha autorizado a la administración Trump a revocar la protección temporal otorgada a ciudadanos etíopes. Esta decisión implica que más de 5000 personas, que hasta ahora han residido y trabajado legalmente en el país, podrían ser deportadas. La medida pone en riesgo el estatus migratorio de los beneficiarios de programas de alivio humanitario. El fallo judicial se produce en un contexto de políticas migratorias más restrictivas implementadas por la administración saliente. Se espera que los etíopes afectados se preparen para enfrentar las consecuencias legales de la revocación de su protección. Se desconoce el plazo exacto en que comenzarán las deportaciones, pero la situación genera incertidumbre y preocupación en la comunidad etíope en Estados Unidos. La decisión abre la puerta a posibles desafíos legales por parte de organizaciones de derechos humanos.