La oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue expulsada de Venezuela en febrero de 2024. La decisión se produjo tras la expresión de preocupación de la oficina por la detención y desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, experta en temas militares. El gobierno de Nicolás Maduro justificó la expulsión alegando falta de objetividad por parte del organismo, así como una supuesta extralimitación de funciones y defensa de presuntos conspiradores. La expulsión plantea interrogantes sobre el futuro de la supervisión de derechos humanos en el país. El cierre de la oficina implica la suspensión de su labor de monitoreo y asistencia técnica en materia de derechos humanos en territorio venezolano. La situación ha generado críticas de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos. Se desconoce si la oficina podrá restablecer una presencia permanente en el país en el futuro.