Un ciudadano ucraniano de 34 años, previamente condenado por una serie de fraudes, fue expulsado de Polonia bajo custodia de la Guardia de Fronteras. El hombre había sido sentenciado a un año de prisión por los delitos cometidos. Además de la expulsión, se le impuso una prohibición de entrada de diez años tanto a Polonia como a los demás países del espacio Schengen. La decisión se fundamenta en que su presencia representaba una amenaza para la seguridad. Las autoridades polacas ejecutaron la orden de deportación y la prohibición de entrada. El caso subraya la aplicación de medidas de seguridad migratoria en relación con condenas penales. Se espera que la expulsión sirva como disuasión para futuros delitos similares.