El Reino Unido está considerando un plan controvertido para administrar medicamentos a miles de agresores sexuales encarcelados con el objetivo de reducir sus impulsos sexuales. Alrededor de 15,000 convictos en Inglaterra y Gales cumplen condena por delitos sexuales. Además, más de 850 personas son arrestadas mensualmente sospechosas de delitos de explotación sexual infantil en línea. La medida busca disminuir la reincidencia y proteger al público. La propuesta ha generado debate ético y legal sobre los derechos de los individuos y la efectividad de la medicación forzada. Se están evaluando los detalles del programa, incluyendo la voluntariedad y el tipo de fármaco a utilizar. Las autoridades esperan que esta iniciativa, si se implementa correctamente, contribuya a la seguridad de la sociedad.