Un funcionario del Reino Unido ha cuestionado la efectividad del sistema de asilo, alegando que solo un 1% de las solicitudes son consideradas “fundadas”. La denuncia revela problemas prácticos significativos, incluyendo el cobro de tarifas por parte de consejeros por relatos falsos que ascienden a miles de libras. Además, se señala que las verificaciones de los solicitantes se ven limitadas por las restricciones de confidencialidad. Estas dificultades ponen en duda la descripción oficial de las tramitaciones como “robustas”. La situación plantea serias interrogantes sobre la integridad y eficiencia del proceso de asilo en el Reino Unido. La falta de transparencia y la posibilidad de fraude erosionan la confianza en el sistema. Se investigan posibles irregularidades respecto a la veracidad de la información proporcionada en las solicitudes.