Una encuesta reciente en Filipinas indica que casi dos de cada tres filipinos apoyan la orden de la Comisión de Auditoría (COA) para que la Vicepresidenta Sara Duterte devuelva 73 millones de pesos en fondos confidenciales previamente considerados irregulares. La encuesta revela un fuerte sentimiento público a favor de la rendición de cuentas en el uso de los fondos del gobierno. Los resultados sugieren que la mayoría de los encuestados desean que los fondos devueltos se redirijan a necesidades públicas más urgentes. Esta presión pública se intensifica en medio de un debate nacional sobre la asignación y el gasto de fondos confidenciales. El estudio destaca la preocupación de la población por la transparencia en la gestión de recursos estatales. El apoyo a la orden de la COA cruza diversas demografías en todo el país, lo que indica un amplio consenso sobre este tema.