En Túnez, la prisión preventiva, concebida legalmente como una medida excepcional, está siendo utilizada con creciente frecuencia, según observadores. A pesar de las regulaciones que limitan su aplicación y duración, su uso se ha extendido en diversos casos judiciales. Esta tendencia ha provocado críticas sobre el respeto de los derechos civiles y el debido proceso legal. Expertos señalan que la prisión preventiva se aplica de forma casi automática en ciertas situaciones, alejándose de su propósito original. La situación reaviva el debate sobre la independencia judicial y la necesidad de garantizar las libertades individuales. La práctica genera inquietud sobre la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. El fenómeno es objeto de creciente atención por parte de organizaciones de derechos humanos.