El Parlamento tunecino celebró una sesión a puerta cerrada el 23 de junio de 2026 para discutir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de once diputados. La Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) no emitió ninguna comunicación oficial sobre los nombres de los diputados involucrados. La información sobre el proceso se filtró gradualmente a través de publicaciones en redes sociales, generando interrogantes sobre la transparencia del procedimiento. La falta de claridad en la comunicación oficial ha suscitado críticas y debate público. Se desconoce el alcance de las acusaciones que motivan la solicitud de levantamiento de inmunidad. El asunto ha generado preocupación sobre la independencia del poder legislativo y el debido proceso legal.