El gobierno estadounidense está considerando un plan controvertido que implicaría ceder tierras en el Parque Nacional Yosemite a una empresa desarrolladora privada. Esta propuesta permitiría conectar un desarrollo privado con una ruta dentro del parque, suscitando fuertes críticas. Legisladores y grupos ecologistas han expresado su oposición, argumentando que esta acción sentaría un precedente peligroso para la preservación de los espacios naturales protegidos. Temen que la privatización de áreas de Yosemite afecte negativamente el ecosistema y el acceso público al parque. La medida ha provocado protestas y un debate sobre el futuro de los parques nacionales en Estados Unidos. Se argumenta que la prioridad debe ser la conservación y no el beneficio privado. La administración Trump defiende la medida como una oportunidad de desarrollo económico.