Tres empleadas municipales de Santa Cruz han sido formalmente imputadas por cargos que incluyen abuso de poder, falsificación de documentos y falsedad informática. La investigación judicial ha resultado en una prohibición de comunicación entre las empleadas involucradas. Además, se les ha restringido el contacto con cualquier funcionario político del municipio, presumiblemente para evitar obstrucciones o influencias en la investigación. Las acusaciones sugieren una posible malversación de fondos o acciones indebidas dentro de la administración local. La medida busca asegurar la integridad del proceso investigativo y prevenir cualquier intento de manipulación de pruebas o testigos. Las consecuencias legales para las imputadas podrían ser significativas si se confirman los cargos. Se espera que la investigación continúe para determinar la extensión total de las irregularidades.