Un panel legal ha determinado que la mayoría de los 445 casos presentados contra presuntos manifestantes de la Generación Z no pueden ser abandonados según la legislación actual. Los acusados ​​enfrentan graves cargos que incluyen asesinato, incendio provocado y saqueo. La decisión indica que las acusaciones son lo suficientemente sustanciales como para justificar la continuación de los procesos legales. Esto significa que la mayoría de los individuos no podrán simplemente tener sus casos desestimados. Las autoridades continúan investigando los incidentes relacionados con las protestas. La situación plantea interrogantes sobre el futuro legal de estos jóvenes acusados y el alcance de las consecuencias por su participación en las manifestaciones.