En la mayoría de los países europeos, las empresas tecnológicas pueden rechazar las invitaciones para comparecer ante comités parlamentarios, tal como lo hacen en otros lugares. Esta falta de obligación plantea preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas del sector tecnológico. La capacidad de evitar el escrutinio público permite a estas compañías operar con menos supervisión legislativa. La situación pone de manifiesto una preocupación creciente sobre el poder y la influencia de las grandes empresas tecnológicas. Algunos argumentan que es necesario un marco regulatorio más estricto para garantizar que las empresas rindan cuentas ante el público y los legisladores. La ausencia de comparecencia ante los comités limita la capacidad de los parlamentos para comprender completamente las operaciones y el impacto de estas empresas. Este problema afecta a la dinámica de la regulación digital en toda Europa.