El presidente Sánchez planea una estrategia ofensiva en el Congreso para mitigar el impacto del cerco judicial sobre su gobierno y apaciguar las advertencias de sus socios de coalición. No obstante, fuentes gubernamentales indican que Sánchez no asumirá responsabilidad alguna por la condena del ex-tesorero del PSOE, Ábalos. El gobierno se mantiene firme en su argumento de que la absolución de Aldama, un exempleado de la administración, representa un "triunfo del corruptor" y busca capitalizar este evento para movilizar a su base electoral. La estrategia busca desviar la atención y reforzar la narrativa gubernamental ante la creciente presión política y judicial. Se espera que Sánchez aborde diversas áreas conflictivas durante su intervención parlamentaria. El objetivo principal es preservar la estabilidad del gobierno y el apoyo de los partidos que lo sustentan.