El artículo plantea una crítica a la focalización en medidas punitivas superficiales, como una multa de 500 ringgit, en casos de matrimonio infantil. Argumenta que las autoridades deben analizar las consecuencias más amplias de tales propuestas y el daño potencial que pueden generar. La multa, considerada baja, no aborda las causas profundas que impulsan esta práctica ni protege adecuadamente a las niñas en riesgo. Se subraya la importancia de que los responsables de la toma de decisiones miren más allá de los beneficios inmediatos y consideren el impacto a largo plazo en las vidas de las jóvenes. Esta situación expone una falta de compromiso real para erradicar el matrimonio infantil. La verdadera solución requiere abordar las desigualdades de género y las normas sociales que perpetúan esta práctica dañina.