Un niño fue retirado de su hogar en Södertälje en la primavera de 2025 bajo la ley de servicios sociales (LVU), pero el caso fue olvidado y nunca presentado ante un tribunal. El error no se descubrió hasta cinco días después, cuando el niño ya se encontraba en un hogar de acogida. El Defensor del Pueblo (JO) ha emitido una crítica severa contra los servicios sociales por esta omisión. La falta de supervisión legal en el proceso de retirada del menor es el principal motivo de la crítica. El JO señala la importancia de asegurar que todos los casos de retirada de menores cumplan con los requisitos legales procedimentales. Este incidente subraya la necesidad de una mejor gestión y control interno en los servicios sociales para proteger los derechos de los niños y sus familias. La situación plantea interrogantes sobre la eficiencia y la diligencia en la aplicación de la ley LVU.