Suecia ha implementado cambios legislativos que permiten revocar los permisos de residencia basándose en la "mala conducta" de los inmigrantes. Esta medida ha generado fuertes críticas, siendo calificada por diversos sectores como arbitraria y discriminatoria. Junto a esta disposición, se ha aprobado la controvertida ley de denuncia. Dicha normativa obliga a muchos empleados del sector público a informar a las autoridades sobre personas que se encuentren en situación irregular. El objetivo de estas reformas es endurecer el control migratorio en el país. No obstante, la obligatoriedad de denunciar a los indocumentados ha provocado un intenso debate ético y legal. Estas medidas reflejan un giro hacia políticas migratorias más restrictivas en la región.