El Parlamento sueco, con una mayoría impulsada por la ultraderecha, ha aprobado dos nuevas leyes que endurecen la política migratoria del país. Una de las leyes permitirá la expulsión de migrantes basándose en su comportamiento, mientras que la otra facilita la deportación a través de denuncias realizadas por funcionarios suecos. Estas normativas han generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes expresan preocupación por su impacto en los derechos de los migrantes. Los defensores de los derechos humanos argumentan que las leyes podrían conducir a abusos y discriminación. El gobierno sueco defiende las medidas como necesarias para controlar la inmigración y mantener la seguridad pública. Se espera que las leyes entren en vigor en los próximos meses, marcando un cambio significativo en la política migratoria sueca. La aprobación de estas leyes refleja un endurecimiento general de las políticas migratorias en Europa.