El Tribunal Supremo de España ha emitido una orden relacionada con la llamada ‘ley de nietos’, que busca facilitar la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles, pero su aplicación se enfrenta a obstáculos. La implementación efectiva de la suspensión del voto para quienes no cumplan con los requisitos recae ahora en la Oficina del Censo Electoral y los consulados españoles. Sin embargo, estas entidades afirman no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva. La decisión judicial ha generado controversia debido a las dificultades prácticas para verificar la elegibilidad de los votantes a tiempo para las elecciones. La falta de claridad y los recursos presentados están causando retrasos en la aplicación de la orden del Supremo, complicando el proceso. Este problema afecta potencialmente a votantes en el extranjero y plantea interrogantes sobre la garantía del derecho al sufragio. La situación exige una solución coordinada entre las diferentes instituciones implicadas.