Tubos Reunidos, una empresa siderúrgica, realizó pagos mensuales de 5.000 euros a personas vinculadas a la trama Leire, presuntamente para influir en las negociaciones de su rescate. Estos pagos, que sumaron un total considerable, fueron disfrazados como servicios de asesoría a través de la empresa Mediaciones Martínez. El presidente de Tubos Reunidos habría acordado directamente estos pagos ilícitos. La operación se materializó mediante la emisión de 21 facturas. Las autoridades investigan si estos pagos constituyeron un soborno para obtener condiciones favorables durante el proceso de rescate. El caso plantea interrogantes sobre la posible corrupción y el uso de fondos empresariales para influir en decisiones gubernamentales.