Veinticinco estados han presentado una demanda contra la administración Trump, alegando que los nuevos aranceles impuestos a socios comerciales son ilegales. Los estados argumentan que estos gravámenes son un pretexto para restablecer aranceles previamente declarados ilegítimos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La demanda busca impedir la aplicación de estas nuevas tarifas, consideradas una violación de la autoridad constitucional de los estados en materia de comercio. Los demandantes afirman que los aranceles perjudicarán sus economías y afectarán negativamente a los consumidores. La acción legal representa una fuerte oposición a la política comercial de la administración Trump. Se espera que el caso genere un debate legal significativo sobre los límites del poder arancelario presidencial. El gobierno federal aún no ha respondido a la demanda.