El Consejo de Estado suspendió una resolución que permitía iniciar negociaciones con el grupo disidente Segunda Marquetalia. Esta decisión surge en un contexto de inactividad en los diálogos entre el gobierno y la disidencia desde el año 2024. La Fiscalía General de la Nación ha vinculado a miembros de Segunda Marquetalia con el magnicidio del político Miguel Uribe. La suspensión de la resolución implica una pausa en las posibles vías de diálogo y negociación con este grupo armado. La medida genera incertidumbre sobre las estrategias del gobierno para abordar el conflicto armado. El gobierno no ha emitido una declaración oficial sobre la suspensión de la resolución hasta el momento. Esta situación complica el panorama de la política de paz del actual gobierno.