El Partido Popular (PP) ha intensificado sus llamados a la dimisión de miembros de la Guardia Civil, exigiendo responsabilidades tras recientes controversias. El gobierno, por su parte, ha manifestado su apoyo a Mercedes González, máxima responsable de la Guardia Civil, defendiendo su gestión. Según declaraciones gubernamentales, el verdadero daño a la institución no proviene de la actual dirección, sino de operaciones pasadas como la "Kitchen". El secretario general del PP ha aprovechado la situación para reiterar su petición de elecciones generales, argumentando que la legislatura actual ha llegado a su fin. Estas declaraciones se enmarcan dentro de un contexto de creciente tensión política y desconfianza institucional. La postura del PP busca desestabilizar al gobierno, mientras que el ejecutivo intenta defender la integridad de las instituciones del Estado. La controversia apunta a una profunda crisis de confianza en el seno de la Guardia Civil.