El Gobierno de España ya ha procesado el 50% de las más de un millón de solicitudes de regularización presentadas por inmigrantes. Esta medida busca formalizar la situación administrativa de miles de personas en el territorio nacional. Ante la posible intervención del Tribunal Supremo, el Ejecutivo ha aclarado puntos clave sobre la normativa. Se ha enfatizado que esta medida tiene un alcance estrictamente nacional y no es válida para el desplazamiento por la Unión Europea. El Gobierno insiste en que la regularización no otorga derechos de libre circulación europea. El Ejecutivo permanece atento a si el Supremo decide consultar el caso al TJUE. Con ello, se intenta blindar la legalidad del proceso frente a posibles impugnaciones judiciales.