La Audiencia Nacional de España considera la crisis ocurrida en Ceuta como un posible "ataque a la integridad territorial" del país, atribuyéndolo a la “permisividad” demostrada por Marruecos. La jueza María Tardón, a cargo de la investigación, ha detectado indicios de delitos graves, incluyendo aquellos relacionados con la paz y la independencia del Estado, así como violaciones de los derechos de ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal. La magistrada considera “indudable” que se facilitó activamente “el proceso” desde Marruecos, sugiriendo una intencionalidad detrás de los acontecimientos. La investigación se centra en determinar el alcance y la autoría de estos presuntos delitos. Se examinará si la respuesta de Marruecos fue parte de un plan para desestabilizar la soberanía española sobre Ceuta. Esta decisión judicial eleva la gravedad de la crisis diplomática entre España y Marruecos. La investigación busca establecer responsabilidades penales en relación con los hechos ocurridos en Ceuta.