El Tribunal Supremo de España ha expresado serias preocupaciones sobre el derecho al voto de aquellos que obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos. Argumenta que su participación electoral podría generar una "circunstancia fundada de incertidumbre" sobre los resultados, poniendo en riesgo la objetividad de las elecciones. Los jueces consideran que existe un "peligro fundado, real y serio" asociado a este voto. Esta decisión se enfoca en la potencial influencia de votantes recientemente nacionalizados, y no en la nacionalidad en sí misma. La controversia surge en relación con la aplicación de la ley de nietos, que facilita la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de exiliados. El Supremo no ha impedido aún el voto, pero sí ha planteado dudas sobre su impacto en la transparencia del proceso electoral.