Una ley española que otorga la ciudadanía a descendientes de españoles exiliados ha provocado una intensa controversia política. La oposición de derecha acusa al gobierno de intentar influir en las elecciones del próximo año mediante la incorporación de nuevos votantes. Desde que la ley fue aprobada en 2022, se han concedido la ciudadanía a al menos 544,722 personas. De estos, 306,000 se han registrado en el censo electoral, según datos gubernamentales. Aproximadamente 650,000 solicitudes aún están pendientes de resolución. El debate se centra en el posible impacto de estos nuevos ciudadanos en los resultados electorales y la legitimidad del proceso. La ley busca reparar a aquellos que sufrieron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.