El Tribunal Supremo español ha decidido suspender cautelarmente la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, dejando en pausa un proceso que ya ha recibido un millón de solicitudes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado a las partes involucradas un plazo de cinco días para que expresen su opinión sobre la pertinencia de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta consulta se centra en determinar si el proceso de regularización cumple con la normativa europea. La decisión del Supremo se produce a pocos días de la fecha límite para la resolución de las solicitudes, fijada para este martes. La suspensión busca asegurar la compatibilidad de la medida con el marco legal europeo. Se espera que la respuesta del TJUE pueda tener un impacto significativo en el futuro de la regularización. La medida ha generado debate sobre la autonomía del gobierno en materia de inmigración y su relación con las directivas europeas.