El gobierno español ha intensificado su actividad legislativa durante el mes de julio, buscando establecer una agenda propia y desviar la atención del creciente escrutinio judicial. Entre las prioridades se encuentran avances en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, la ratificación de un nuevo decreto para mitigar la crisis económica y la aprobación de medidas relacionadas con la vivienda. Adicionalmente, se está procesando un plan nacional anticorrupción y se espera la finalización de un proceso de regularización para inmigrantes en situación irregular. Esta concentración de iniciativas legislativas se produce antes del receso estival, en un contexto de tensiones políticas y legales. La estrategia del gobierno busca, según analistas, marcar el paso en áreas clave y contrarrestar la narrativa impulsada por sus oponentes. Se espera que la aprobación de estas medidas genere debate y controversia en el panorama político español.