Una mujer de 87 años, cuyo desalojo en España desencadenó protestas masivas por la vivienda, ha fallecido. Su caso se convirtió en un símbolo de la creciente crisis de vivienda en el país, especialmente para las personas mayores vulnerables. El desalojo provocó una intensa presión sobre el gobierno de izquierda, instándolo a tomar medidas urgentes en materia de vivienda. Entre las demandas se incluyen restricciones más estrictas a los desahucios y la renovación automática de los contratos de alquiler. La muerte de la mujer ha reavivado el debate sobre el derecho a la vivienda digna en España y la necesidad de proteger a los inquilinos. Activistas y organizaciones sociales han expresado su consternación y han prometido continuar luchando por una política de vivienda más justa. Su fallecimiento subraya la urgencia de abordar la problemática habitacional en el país.