La Ley de Memoria Democrática de 2022 facilitó la obtención de la nacionalidad española a descendientes de exiliados, incluso sin residencia en España. Sin embargo, el gobierno se niega a desglosar las cifras de nacionalizaciones por provincias, generando interrogantes sobre la distribución geográfica de este proceso. Esta ley, conocida como la ‘ley de nietos’, busca reparar a aquellos afectados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. La falta de transparencia en los datos impide un análisis detallado del impacto de la ley a nivel local. La oposición ha criticado esta decisión, exigiendo la publicación completa de la información. La negativa del gobierno alimenta la especulación sobre posibles desequilibrios en el número de nacionalizaciones entre distintas regiones. El objetivo de la ley es permitir a los descendientes recuperar la nacionalidad perdida por sus antepasados exiliados.