España planea exigir a las compañías de telefonía móvil garantizar la cobertura incluso durante posibles cortes de energía a gran escala. La medida surge tras un apagón en abril de 2025 que afectó tanto a España como a Portugal, dejando sin servicio a las redes móviles en todo el país. Las autoridades buscan evitar la pérdida de comunicaciones en situaciones de emergencia similares. Se espera que la nueva normativa obligue a las empresas a implementar soluciones de respaldo para mantener la conectividad. El apagón de 2025 evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones ante fallos en el suministro eléctrico. La iniciativa busca fortalecer la resiliencia de las comunicaciones nacionales ante desastres.