España se propone extender la prohibición de desahucios hasta el año 2030, en respuesta a las recientes protestas por la vivienda. La medida surge a raíz de la expulsión de una mujer de 87 años en Madrid, un caso que generó indignación pública. Esta propuesta es parte de un paquete de medidas que aún deben ser aprobadas por el parlamento español. El gobierno busca abordar la creciente preocupación por el acceso a la vivienda asequible en todo el país. Se espera que la extensión del veto a los desahucios brinde estabilidad a familias vulnerables y reduzca el número de personas sin hogar. La aprobación parlamentaria es crucial para que la medida se convierta en ley y entre en vigor en España. Este anuncio busca calmar el clima social tenso tras las manifestaciones en Madrid y otras ciudades.