Varios medios españoles han denunciado que los centros de detención para migrantes construidos con fondos de España en Mauritania son, en esencia, “prisiones”. La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez ha sido cuestionada, ya que critica centros similares en Albania mientras construye instalaciones análogas en Mauritania para controlar la inmigración. Estos centros, ubicados en Nouakchott y Nouadhibou, y financiados con un millón de euros de la Unión Europea, tienen capacidad para 183 adultos. Se prevé que los migrantes puedan ser retenidos por un máximo de 72 horas, aunque su destino posterior es incierto. Adicionalmente, el gobierno español ha incrementado el intercambio de inteligencia con Mauritania en los últimos años. Esta situación plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la coherencia de la política migratoria española.