El Ministerio del Interior de Sudáfrica planea implementar un nuevo sistema de registro de asilo antes del 10 de noviembre. Esta medida se toma mientras el gobierno se prepara para solicitar a los tribunales una extensión de plazo para cumplir con un fallo del Tribunal Constitucional. La situación refleja un caos derivado de tensiones antiinmigrantes y las dificultades para gestionar el sistema de asilo existente. Se busca supervisión judicial para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. El gobierno busca una solución ante las presiones legales y la necesidad de un sistema más eficiente. Este movimiento indica la gravedad de la crisis en el sistema de asilo sudafricano y la urgencia de una intervención judicial. La finalidad es regularizar el proceso de solicitud de asilo de manera acorde a la ley.