La candidata Sondra Macollins destinó $3.200 millones de pesos públicos a una fundación creada por su esposo y a una empresa propiedad de sus hijastros. Esta asignación de fondos se realizó en un intento por evitar la devolución de un anticipo estatal millonario previamente recibido. La Silla Vacía reporta que esta estrategia legaliza el uso de recursos públicos a través de entidades vinculadas a su familia. La operación plantea serias preguntas sobre la transparencia y el posible conflicto de intereses en la gestión de fondos públicos. La candidata habría buscado mecanismos legales para redirigir el anticipo estatal hacia estas fundaciones y empresas de su círculo familiar. Esta situación ha generado debate y críticas sobre la ética y la legalidad de sus acciones. Se investiga si se cumplieron todos los requisitos legales en la asignación de estos recursos.