La implementación de la Ley de Tarjeta Social en Serbia ha resultado en la pérdida de asistencia económica para más de 60.000 ciudadanos en sus primeros cuatro años. La iniciativa A11 denuncia que este grupo, compuesto por los ciudadanos más vulnerables, ha sido excluido del apoyo financiero. La ley, considerada controvertida, ha generado críticas por su impacto en la población de bajos recursos. Se cuestiona la efectividad de la ley para alcanzar su objetivo de brindar apoyo social. Organizaciones civiles y activistas han expresado preocupación por la falta de transparencia en los criterios de elegibilidad. La situación plantea interrogantes sobre la protección social en Serbia y la necesidad de revisar la legislación vigente. Se busca una reevaluación de la ley para garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.