Las fuerzas de coalición han prometido impulsar el crecimiento económico y reducir la burocracia para las empresas. Sin embargo, miles de emprendedores descubrirán pronto que la realidad es muy distinta. A pesar de los discursos sobre la simplificación, las nuevas medidas parecen generar el efecto opuesto. Anteriormente, la creación de una empresa solo requería un contrato social con firmas validadas por el registro civil. También existía la opción de gestionar toda la documentación de forma electrónica para facilitar el proceso. Ahora, los empresarios se enfrentan a un incremento de trámites administrativos obligatorios. Esto resultará en costos adicionales de cientos de euros destinados a asesores legales. Finalmente, la propuesta de apoyo se traduce en una mayor carga burocrática para el sector.