La Vicepresidenta Sara Duterte pagó una fianza en un tribunal de Quezon City el sábado 5 de septiembre. Esta acción se produjo un día después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Los cargos son tres conteos de amenazas graves, lo que desencadenó la necesidad de presentar garantía para evitar su detención. La situación legal de Duterte ha atraído la atención nacional en Filipinas. Se desconoce la naturaleza específica de las amenazas que llevaron a la orden de arresto. Este incidente podría tener implicaciones en su carrera política y en el panorama político filipino. La vicepresidenta ahora deberá comparecer ante el tribunal para continuar con el proceso legal.