La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis institucional y económica tras la toma de la Jefatura policial por parte de policías retirados, en rechazo a los aumentos salariales ofrecidos. El gobernador provincial denunció un intento de "derrocamiento" y reclamó a la Legislatura, de mayoría kirchnerista, otorgarle las mismas facultades financieras que a administraciones anteriores. La situación se agrava por la falta de fondos provinciales, lo que obliga a considerar la solicitud de asistencia financiera a la Nación. La Legislatura se negó a aprobar un nuevo endeudamiento propuesto por el ejecutivo. La protesta policial y la negativa legislativa exacerban la inestabilidad en la provincia. Se evalúan las posibles consecuencias políticas y económicas de esta escalada de tensión.