Ivan Stolbov, un ciudadano ruso que se había mudado a Ucrania, ha sido condenado a 13 años de prisión tras regresar a Rusia. La sentencia se basa en once transferencias bancarias de pequeñas cantidades, aproximadamente 100 grivnas ucranianas (equivalente a 2.23 dólares) cada una. Las autoridades rusas acusan a Stolbov de financiar actividades terroristas, aunque la naturaleza de estas transferencias sugiere lo contrario. Este caso ha generado críticas sobre la creciente represión en Rusia contra aquellos con vínculos con Ucrania. Se cree que la condena es políticamente motivada, utilizando transacciones financieras menores como pretexto. El incidente destaca la vulnerabilidad de los ciudadanos rusos que regresan al país, especialmente aquellos que han vivido en Ucrania. La severidad de la pena es desproporcionada en relación con el delito, levantando preocupaciones sobre el debido proceso legal.