El gobierno ruso ha implementado nuevas restricciones contra ciudadanos exiliados, otorgando al Ministerio de Justicia la facultad de congelar arbitrariamente sus derechos civiles. Según analistas, esta medida podría llevar a la pérdida de la nacionalidad rusa, dejando a los afectados en una situación de apatridía. Stefan Ingvarsson, del Centro de Estudios de Europa del Este, destaca la naturaleza arbitraria de estas acciones. Estas restricciones se suman a un creciente clima de represión contra la disidencia en Rusia, particularmente contra aquellos que critican las acciones del ejército. La medida complica aún más la situación de los opositores al régimen que ya residen fuera del país. Se percibe como un intento de silenciar voces críticas y ejercer control sobre ciudadanos incluso en el exilio.