Un nuevo proyecto de ley en Rusia busca endurecer las medidas contra ciudadanos que abandonaron el país tras la invasión de Ucrania en 2022. La propuesta, presentada ante la Duma Estatal, permitiría al Kremlin confiscar los bienes de aquellos considerados críticos y condenados bajo leyes restrictivas. Esta legislación implicaría la pérdida de acceso a servicios bancarios y la imposibilidad de gestionar propiedades. El Estado ruso podría tomar el control directo de los activos de estos emigrantes. La medida se interpreta como una herramienta más para silenciar la disidencia y castigar a quienes se oponen al régimen. Analistas señalan que esta ley representa una escalada en la represión contra los opositores y una búsqueda de recursos por parte del Kremlin. Esta acción podría afectar significativamente la situación económica y legal de los rusos que optaron por exiliarse.