Rusia ha ampliado significativamente sus poderes de control estatal sobre empresas, permitiéndose tomar posesión de propiedades y acciones si estas no protegen adecuadamente la infraestructura crítica de ataques con drones. Esta nueva medida se aplica incluso a empresas con propietarios extranjeros, intensificando la presión sobre el sector privado. El decreto, motivado por las vulnerabilidades demostradas en la defensa contra drones, busca fortalecer la seguridad nacional. Analistas sugieren que esta política va más allá de la seguridad, sirviendo como una herramienta para aumentar la influencia estatal en la economía. La medida genera preocupación entre inversores extranjeros por la potencial expropiación de activos. El gobierno ruso justifica la acción como necesaria para mitigar los riesgos derivados de la creciente amenaza de drones. Se espera que esta ley tenga un impacto considerable en el panorama empresarial ruso.