Rusia está ejerciendo presión y realizando amenazas sobre los residentes en territorios ucranianos ocupados para que adquieran pasaportes rusos, y con ello, la ciudadanía rusa. Esta acción se considera una violación de la soberanía ucraniana y una herramienta para consolidar el control sobre las regiones ocupadas. La imposición de la ciudadanía rusa altera la demografía y restringe las libertades de los habitantes locales. El proceso no es voluntario, sino impuesto a través de la coacción y el miedo. Esta táctica rusa busca legitimar la ocupación y dificultar la eventual reintegración de estos territorios a Ucrania. La comunidad internacional ha condenado estas acciones, considerándolas ilegales y contrarias al derecho internacional.