El oficialismo en el poder ha impuesto un férreo control sobre la legislatura, rechazando sistemáticamente cualquier intento de investigación o rendición de cuentas de sus altos funcionarios. Al menos dieciséis mociones propuestas han sido rechazadas en comisiones legislativas, negando la posibilidad de un escrutinio adecuado. Además, el gobierno ha archivado diez expedientes preexistentes, impidiendo que se aborden temas de interés público. Se ha negado también la creación de comisiones provinciales, obstaculizando aún más el control político territorial. Esta actitud refleja una clara resistencia a la crítica y un intento de proteger a los jerarcas gubernamentales de cualquier supervisión externa. La oposición denuncia esta situación como un grave atentado contra la transparencia y la institucionalidad democrática. La "red de cuidado" legislativa, como se denomina a esta estrategia, consolida el poder del oficialismo y limita la capacidad de control del parlamento.