Andrea Chiș, nominada como ministra de Justicia en el gobierno Mureșan, argumenta que las leyes de Justicia aprobadas en 2022 condujeron a una “centralización del poder” dentro del sistema judicial en Rumanía. Según Chiș, esta centralización ha resultado en la formación de una “pirámide del poder”, con el Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) en la cúspide. La declaración fue realizada el martes, después de su comparecencia ante las comisiones parlamentarias reunidas en Bucarest. Chiș enfatizó que aceptó el cargo porque la propuesta no estaba politizada, pero aclaró que esto no implica que el gobierno mismo no lo esté. Su análisis sugiere una preocupación por la independencia y el equilibrio de poderes dentro del sistema judicial rumano. La nominada busca una revisión y posible modificación de las leyes actuales para evitar un control excesivo por parte del CSM.